En medio de la gran cantidad de advertencias provenientes de la comunidad científica, donde advierten que cerca de la mitad de todas especies de insectos están en declive (de las cuales una tercera parte de estos son nuestras polinizadoras preferidas) y por lo tanto, los pone en peligro de extinción, uno podría pensar que los movimientos para buscar la protección de la flora y la fauna serían mejor recibidas por todos los gobiernos del mundo.
Lamentablemente, los instrumentos legales que buscan proteger a las abejas polinizadoras han recibido un grave revés en la forma de la revocación por parte del Tribunal Superior de Cartagena (Colombia), de un fallo que ordenaba a las principales entidades ambientales, agrícolas y de salud tomar las medidas que fueran necesarias para detener la extinción de las abejas en el país y garantizar su supervivencia.
El fallo expedido lanzado en noviembre del año pasado por un juzgado de la ciudad de Cartagena, buscaba dar una mejor protección, no sólo a las abejas, sino a todas las especies de plantas y animales que depende de la actividad polinizadora.
En plena celebración del Día Mundial de las Abejas, estos insectos sufrieron un duro golpe en Colombia. El nombrado fallo judicial detuvo el avance de una innovadora iniciativa jurídica (al menos dentro de Latinoamérica) con la que el Estado colombiano se vería obligado a crear una política pública para protegerlos.
Por ahora, la decisión del Juzgado ha pasado a revisión de la Corte Constitucional y, en su momento, se produjo tras fallar una acción de tutela presentada por el abogado Joaquín Torres, con el fin de evitar la extinción silenciosa de las abejas.
Esta decisión representa un grave retroceso para la protección jurídica que necesitan urgentemente estos insectos y que podemos ver como muchos otros países han tomado cartas en el asunto.
Ya están bien documentadas las quejas de los apicultores colombianos quienes han denunciado en múltiples oportunidades como los descensos en la población de abejas afectan a su actividad y a los delicados ecosistemas del país caribeño.
Un proyecto de Ley que no se termina de aprobar
Por otro lado, en el Congreso colombiano hay proyecto de Ley orientado a proteger a las abejas del uso de varios tipos de insecticidas que se consideran nocivos para su supervivencia, aunque aún no se han logrado que sea aprobado por parte del Senado.
Los científicos colombianos y a nivel mundial han hecho sonar las alarmas por la pérdida masiva en términos de diversidad de especies y biomasa total de insectos, algo que podría traer consecuencias nefastas para los animales que se alimentan de ellos y para las plantas que los necesitan para la polinización.
Frente a lo anterior, el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y ha generado un debate importante en el Senado. Lamentablemente, de acuerdo a los diputados que impulsan esta legislación, se han eliminado partes claves del proyecto concernientes con la regulación y la reglamentación de varios insecticidas y componentes utilizados en la industria agroalimentaria.
Recientemente, el ponente de esta iniciativa legislativa, Luciano Grisales, planteó exponer de forma pública los cambios que el Senado ha realizado a este importante proyecto del que depende la protección jurídica que requieren estas preciadas polinizadoras.
El reciente descenso en las poblaciones de insectos es visto por los expertos como una “extinción masiva,” la sexta que se ha visto en los últimos quinientos millones de años.
Varios científicos están de acuerdo con que si no cambiamos nuestra manera de producir alimentos, los insectos (entre ellos las abejas) se extinguirán en unas cuantas décadas. Esto es algo gravísimo, ya que debemos recordar que alrededor de 1.500 millones de empleos y tres cuartas partes de los cultivos dependen de insectos polinizadores, la mayoría abejas, los cuales brindan servicios de fertilización gratuitos que costarían cifras inimaginables de realizarse de forma manual.
Es por ello que son importantes estos proyectos de ley que buscan generar las condiciones necesarias para la protección de los polinizadores, sobre todo las abejas. De esa forma se está fomentando la apicultura como una industria local y al mismo tiempo, se mantiene la rica biodiversidad de los países de Latinoamérica y el Caribe.
Actualmente hay alrededor de 115.000 colmenas en Colombia y la proyección de los empresarios es llegar a 150.000 al finalizar 2020, así como pasar de producir 3.600 toneladas de miel al año, a 4.000 toneladas al término del año entrante.
Fuente: Semana Sostenible